SOS DISCAPACIDAD-
DERECHOS, INCLUSIÓN Y BIENESTAR A SALVO
LA DISCAPACIDAD MOVILIZADA
PROCLAMA
Cuando alguien está en peligro,
cuando alguien siente una amenaza inminente, que pone en riesgo su integridad y
hasta su misma supervivencia, esa persona lanza un S O S, una llamada de
socorro pidiendo y esperando una ayuda que le permita salir con bien de esa situación de absoluta emergencia.
Pues bien, las personas con
discapacidad, más de 4 millones de ciudadanos, más de 12 millones si incluimos
a sus familias, en 1 de cada 4 hogares españoles se da una situación de
discapacidad, lanzamos en vísperas de nuestro Día Internacional y Europeo un
SOS colectivo, una llamada de socorro masiva, coreada por miles de mujeres y
hombres, con discapacidad y sin ella, pues lo que hemos logrado en términos de
derechos, inclusión y bienestar en estos últimos 30 años, todavía muy
insuficiente y todavía muy precario, amenaza ruina. Teníamos que estar
celebrando una fiesta, y nos vemos en la obligación de asistir a un duelo.
Llegados a este punto, nuestra
obligación, como movimiento organizado de la discapacidad, es apelar a los
mejor de nuestra sociedad y de nuestros gobernantes para que este peligro no se
materialice. Eso es lo que estamos haciendo aquí esta fría mañana de diciembre
las miles de personas concentradas. Nos negamos a desaparecer, y por eso nos
rebelamos, pacífica y constructivamente, pero con la contundencia del que tiene
razones y motivos de sobra.
Años de una crisis económica aterradora,
como nunca se ha visto, y años sobre todo de políticas tóxicas y de decisiones
socialmente crueles, en todos los niveles -europeo, nacional, autonómico y
local, que parecen cebarse con los más frágiles, están acabando de lleno con
las todavía humildes cotas de inclusión y participación alcanzadas por las
personas con discapacidad y sus familias con tanto esfuerzo en estas últimas
décadas.
A lo largo de los años, las
personas con discapacidad y sus familias hemos sido una minoría discreta y
aislada, imperceptible para los poderes y autoridades, y para la sociedad. Hemos
sido pacientes y hasta lentos, a la hora de reclamar nuestros derechos,
violados en numerosas ocasiones y en múltiples ámbitos. No hemos levantado
demasiado la voz para señalar la evidencia de que la discapacidad es una cuestión
aún no resuelta, lo que ha llevado a pensar a algunos que al no oírse gritos,
no hay había ningún problema. Pero ser pacientes, no quiere decir en absoluto
que seamos pasivos ni menos aún sumisos; ser discretos, no significa que no
existamos y que por tanto no tengamos presencia y entidad social. Ser pausados,
no significa que toleremos agresiones como las que se están produciendo.
Las personas con discapacidad y
sus familias somos, estamos y contamos, y reclamamos ahora con toda firmeza
compartir como los demás un espacio social construido sobre bases diferentes.
Un espacio social abierto a esta parte de la diversidad humana, que la acoja y
la respete, y que permita liberar el enorme potencial que encierra.
Si
nadie lo remedia, estamos a un paso de que la discapacidad sea considerada zona catastrófica. Si en los mejores momentos económicos,
las personas con discapacidad y sus familias no llegamos a disfrutar del
bienestar generalizado, en las épocas pésimas, como esta, sufrimos las
consecuencias más devastadoras de la crisis. Es tan triste como verdad: nunca llegamos
a participar del festín, cuando lo hay, pero somos los primeros a quienes se
nos quitan hasta las migajas.
No es
necesario cargar las tintas, porque los datos están ahí, tozudos y acusadores.
Estos años están siendo un museo de los horrores para esta parte de la ciudadanía. Incumplimiento
sistemático y estructural de muchas de las leyes aprobadas pretendidamente para
defender nuestros derechos; aumento de la pobreza y la exclusión, de por sí
alta, entre las personas con discapacidad, que se enfrentan además a un
sobrecoste de hasta un 40% a la hora de adquirir los mismos productos y
servicios que los demás ciudadanos; abandono de los apoyos a la familia, que
queda como única y solitaria red de soporte, cada vez más exhausta, sin apenas ya
capacidad de resistencia.
Y mucho más: Debilitamiento,
cuando no desaparición pura y simple de los bajos niveles de protección social
pública conseguidos; paralización de la creación de empleo para personas con
discapacidad por falta de políticas activas de inclusión laboral; peligro real
de pérdida de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad. Más de
60.000 empleos en los 2.000 centros especiales de empleo que hay en toda España
pueden desaparecer mañana mismo, por la reducción drástica de los apoyos
públicos. Este mismo riesgo corre el empleo en el entorno ordinario, que
decrece cada mes que pasa, o el empleo con apoyo, que subsiste como puede, sin
apenas ayuda oficial.
Unos entornos llenos todavía de
barreras y obstáculos, en los que la accesibilidad universal apenas se abre
paso y que discrimina y excluye a las personas con discapacidad, que no pueden
hacer lo que con normalidad hacen los demás; desplazarse, comunicarse, acceder
a la información, usar las nuevas tecnologías, disfrutar del ocio, la cultura o
el turismo. Baste citar la vergüenza de una ley de propiedad horizontal que
encierra todavía en sus casas a miles de personas con discapacidad y mayores,
para quienes su vivienda no es un hogar sino una cárcel.
Una Ley de Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia, sobre la que teníamos las mayores expectativas, pero
que ha comenzado a ser desmantelada antes siquiera de comenzar a implantarse,
frustrando los deseos de cientos de miles de personas con discapacidad y
personas mayores que veían en este nuevo dispositivo de protección social un
apoyo imprescindible para su autonomía. Una Ley que de autonomía personal solo
tiene el nombre, pues está pensada en clave de dependencia, y no de vida
independiente y de inclusión en la comunidad, que ha puesto en peligro un
sistema de apoyos a la discapacidad con identidad propia y definida.
Un sistema educativo en el que la
inclusión real del alumnado con discapacidad es solo una mera declaración, sin
traducción práctica ni contenido efectivo en la mayor parte de las ocasiones, y
que condicionará para mal toda la vida de la persona con discapacidad,
colocándola en una peor situación para acceder a una vida social plena.
Ausencia de un verdadero espacio
sociosanitario, tan proclamado como inexistente, esencial para que determinadas
discapacidades en aumento constante encuentren una respuesta mínima a sus
inaplazables demandas. La desaparición de los programas de atención temprana a
niños y niñas con discapacidad, que traen como consecuencia más dependencia en
vez de más autonomía personal. Una prestación ortoprotésica obsoleta y pobre,
anclada hace más dos décadas, que no evoluciona con los tiempos para
proporcionar más autonomía personal. La generalización por parte de las
Administraciones del copago, esa especie de robo con fuerza, que impide o aleja
a las personas con discapacidad y sus familias de las prestaciones sociales por
falta de recursos suficientes para afrontarlo.
Y dentro de la propia
discapacidad, la situación de especial exclusión de las mujeres y niñas con
discapacidad, o de las personas con discapacidad que viven en el medio rural,
que tienen todavía más dificultades para acceder a los bienes sociales básicos.
Y por si todo esto fuera poco,
las Administraciones autonómicas y locales adeudan al sector de la
discapacidad, a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, más de
300 millones de euros, por bienes, productos y servicios entregados o prestados
y no pagados. Deuda que crece en vez de reducirse. Retrasos de meses y hasta
años en el abono de deudas por servicios directos a personas con discapacidad,
que son obligación pública, pero que llevan a cabo las organizaciones sociales.
Un nivel de deuda disparada, que asfixia las estructuras de la discapacidad y
que está llevando al colapso a una enorme cantidad de recursos y dispositivos
de soporte, dejando absolutamente desasistidas a decenas de miles de personas
con discapacidad, muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo.
Y a esto hay que añadir, el impacto de los
recortes genéricos practicados en ámbitos como el empleo, la sanidad o la
educación, la vivienda, por mencionar solo las áreas más relevantes desde el
punto de vista de la inclusión, o del incremento de la fiscalidad, que han
repercutido gravemente sobre los recursos y los dispositivos de apoyo a la
discapacidad, situándolo en una posición de enorme precariedad, con dudas sobre
su misma continuidad.
Además, como factor añadido negativo, se han
paralizado las iniciativas nuevas, quedando la agenda política de la
discapacidad inactiva, sin avances, todo justificado por la crisis
No somos una isla. Formamos parte
de la comunidad y somos plenamente conscientes de que toda la sociedad atraviesa
inmensas dificultades. No queremos tratos privilegiados ni ventajas
injustificadas. Corremos la suerte de la ciudadanía y solo nos salvaremos a
condición de que nos salvemos todos y todas, globalmente. Nos sentimos
corresponsables de la buena marcha y del mantenimiento y extensión del
bienestar a todas las capas de la población, y somos solidarios, pues conocemos
el alto precio de la exclusión y la marginación. Pero
no se nos puede pedir ni imponer que llevemos, otra vez más, la peor parte. Asumimos
nuestra cuota de esfuerzo, pero sería una injusticia atroz que carguemos con
los errores y las maldades de otros, que se van de rositas y evitan siempre las
consecuencias de sus actos.
Mientras dure la crisis, no
avanzaremos con la velocidad que necesitamos y deseamos, pero no podemos
retroceder en el nivel de derechos, inclusión y bienestar alcanzado para las
personas con discapacidad y sus familias. Traicionaríamos los mandatos morales
y legales más básicos, y se vería burlada la decencia mínima que requiere una
vida en comunidad digna de ser vivida.
En el marco de nuestro día, los
hombres y mujeres con discapacidad y sus familias hacemos un gesto multitudinario
de afirmación de nuestros derechos, de nuestro proceso de inclusión y del
bienestar logrado, que no nos vamos a dejar arrebatar. Hemos dejado de ser las víctimas
fáciles de la historia y de la vida en sociedad, para ser también
coprotagonistas de la
misma. Por eso nos movilizamos.
Derechos, Inclusión y Bienestar a
Salvo.
2 de diciembre de 2012.
CERMI
#SOSdiscapacidad
En su inicio se atiende a nueve personas y los servicios que
se ofrecen son: psicoterapia, estimulación cognitiva individual, taller
cognitivo, logopedia, fisioterapia y terapia a familiares, y el programa lo
integran, además de equipo de coordinación de Adacca, una neuropsicóloga, una
psicóloga, un fisioterapeuta, una administrativa y una logopeda.
